A la espera del juicio que tendrá lugar este jueves 1 de junio, entrevistamos a Cristian, miembro del grupo de activistas socioambientales “Guardianes del Y’vera” de la Provincia de Corrientes quien nos brindó detalles sobre el daño ambiental y en salud pública que ocasiona el modelo de producción con “fitosanitarios”, que en este caso dejó sin vida a un niño de 4 años de edad en el 2012.
El juicio programado inicialmente para el mes de abril, había sido prorrogado por el Juez de la causa en forma indefinida, debido a que “al no haber persona detenida, no ocasionaría gravamen relevante” y que existen otras causas pendientes que debían considerarse prioritarias.
Las movilizaciones de Guardianes del Y’vera -y otras de derechos humanos- lograron, mediante marchas hacia el Poder Judicial de la provincia, que se fijara la nueva fecha para el inicio de las audiencias, y se espera con mucha esperanza que por fin se condene al responsable.
Todo había comenzado en mayo de 2012, cuando José Carlos “Kil” Rivero, quien vivía con su familia en Puerto Viejo, Lavalle – Provincia de Corrientes, en una casa lindante con la tomatera del expresidente de la Asociación Hortícola del pueblo, Oscar Antonio Candussi, murió por una falla hepática fulminante.
La autopsia indicó que su muerte se debió a una “necrosis del hígado de origen citotóxico”, hallando en su organismo organofosforado de agroquímicos utilizados para el control de plagas e insectos, causantes de la reacción tóxica.
En la causa se encuentra imputado por homicidio culposo el dueño del campo de plantación de tomates, por ser el responsable de las fumigaciones con agroquímicos utilizados en sus cultivos.
Cristian nos comenta que en las distintas plantaciones -especialmente de tomates- de la zona, predomina el modelo productivo con el uso de agrotóxicos, que afecta a las familias de los parajes y de las zonas rurales donde se realiza dicha producción. También resalta que los agrotóxicos que causaron la muerte del niño y eran considerados legales por ese entonces, fueron prohibidos años después a nivel mundial, pero que continúan en el mercado otros que siguen considerándose lícitos, conforme las conveniencias de las empresas, que benefician a los patrones y jefes de estancias, sin tener en cuenta la salud de las personas ni los beneficios que traería una producción agroecológica más respetuosa con la vida.
Cristian nos remonta a una jurisprudencia histórica de la provincia de Corrientes: El 30 de marzo de 2011 -un año y un mes antes de la muerte de Kili Rivero- en una chacra de tomates y hortalizas ubicada la misma localidad de Lavalle, Ricardo Nicolás Prieto ya había desplegado una conducta indebida e imprudente en la utilización del agroquímico organoclorado alfaendosulfán.
Además del aire contaminado por la fumigación, se arrojaban los desechos en una zanja, siendo ambos los causantes de un edema agudo de pulmón que ocasionó la muerte de Santiago Nicolás Arévalo de 4 años y lesiones graves a Celeste Abigail Estévez, de 5. El productor hortícola fue hallado responsable de los delitos de Homicidio Culposo y Lesiones Culposas, en modalidad de Omisión Impropia en concurso ideal, mediante sentencia Nº 128/20 y fue condenado por el Tribunal Oral Penal de Goya a 3 años de prisión.
Si bien la pena no es considerada ejemplar, fue la primera de este tipo en la Argentina y las familias pudieron hallar justicia al probar que la muerte de Nicolás y las lesiones de Celeste se debieron al uso de los agrotóxicos.
Estudios científicos han confirmado la relación entre zonas agro productivas y la mayor prevalencia de enfermedades como malformaciones congénitas, abortos espontáneos y cáncer, entre otras. Uno de los más recientes es la de los investigadores del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, quienes confirmaron que la mortalidad por cáncer de la población joven en zonas donde se utilizan agrotóxicos es 2,5 veces mayor que en el resto del país.
A comienzos del año 2019, la recientemente electa Comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría invitó a los Comités nacionales a trabajar en problemas específicos de su área. El Comité de Salud Ambiental entre varias líneas de trabajo seleccionó el tema: “Efecto de los agrotóxicos en la salud Infantil”. señalando la urgencia de “promover medidas de resguardo a la exposición a agrotóxicos que garanticen el derecho a la salud y a un ambiente sano a todos los niños que residen en el territorio nacional”.
La Defensoría del Pueblo de la Nación (DPN) dictó en 2018 una resolución en la que recomendaba el control del uso de agrotóxicos y un camino imprescindible hacia la agroecología en esa región de Corrientes.
En Argentina vivimos en una situación de grave emergencia socioambiental, se nos considera el país más pulverizado del mundo con agrotóxicos. Y las autoridades lo saben hace años, pero de todas formas hace dos años se aprueba un evento transgénico creado por el laboratorio argentino Bioceres como el trigo HB4 resistente a la sequía y al glufosinato de amonio, un agroquímico 15 veces más tóxico que el glifosato.
Esperamos justicia por José Carlos, para que su muerte no quede impune y que entre todos podamos difundir y visibilizar que los agrotóxicos matan.
