El Gobierno nacional y el de Santa Fe constituyeron un comité de crisis para enfrentar un nuevo brote de violencia criminal en Rosario y anunciaron el refuerzo de fuerzas federales con apoyo logístico del Ejército para patrullar la ciudad. Ambos ratifican el rumbo de una política de mano dura que tiene poco de novedosa en la historia reciente de la provincia.
Una semana después de que la ministra Patricia Bullrich difundiera “resultados espectaculares” del Plan Bandera y “el descenso impactante de la violencia” en Rosario, la ciudad se encuentra en estado de conmoción por el asesinato de dos taxistas, la balacera contra el chofer de un trolebús y el atentado contra una comisaría. La situación expone diferencias entre el Gobierno nacional y el provincial sobre una coincidencia de fondo: la mano dura como política para enfrentar a bandas que ponen en zozobra a la ciudadanía con escasos recursos y con complicidad policial.
Bullrich hizo la evaluación tomando como referencia los dos primeros meses del año, en comparación con el mismo período de 2023. Hasta el 29 de febrero se registraron 43 homicidios dolosos en Santa Fe, el registro más bajo en el período durante la última década, y según la ministra también disminuyeron las balaceras, aunque no se difundieron datos al respecto.
“Hubo una baja –reconoce Ariel Larroude, director del Observatorio de Política Criminal–, pero no en el orden del 50% como plantea Bullrich. No obstante, la criminalidad organizada no se analiza así. Más ante un cambio de gobierno nacional y provincial que supone nuevas reglas de juego y un replanteo de las actividades delictivas. Lo importante es ver qué sucede a fin de año”. El gobierno provincial se mostró en cambio mesurado ante los anuncios.
“El que las hace las paga. Esto es lo que está sucediendo en Rosario”, proclamó la ministra en conferencia de prensa el viernes 1° de marzo. Un día después personas todavía no identificadas tirotearon dos micros que trasladaban personal penitenciario en la avenida de Circunvalación de la ciudad a la altura del barrio Rucci, episodio que inició la crisis.
Narcos de uniforme
El martes, después que familiares de presos de Piñero denunciaran apremios ilegales y la suspensión de visitas en la cárcel, Maximiliano Pullaro compartió fotos de reclusos y advirtió que “cada vez la van a pasar peor”. El criminólogo Enrique Font ya había advertido que las imágenes –“a lo Bukele”, con los presos semidesnudos y por el suelo– “por su espectacularidad y oportunismo van a amplificar la violencia”. Ahora también el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, y la defensora provincial penal, Estrella Moreno Robinson, cuestionaron las publicaciones. Horas después de la difusión de las imágenes fue asesinado el taxista Héctor Figueroa.
La saga de violencia se inscribe en continuidad con otros episodios recientes y con la seguidilla de balaceras rubricadas con mensajes intimidatorios dirigidos al gobernador Maximiliano Pullaro. El gobierno provincial atribuye las intimidaciones –y ahora los crímenes y atentados– al endurecimiento de las condiciones de detención para 38 presos de alto perfil en la Unidad Penitenciaria número 11, de Piñero.
Según las investigaciones en progreso, las amenazas contra Pullaro tienen distintos responsables. Francisco Riquelme, confinado en aislamiento en la cárcel federal de Marcos Paz, fue imputado como instigador de una balacera contra la comisaría 19 de Rosario. Andy Fabián Benítez, referente de una banda rival a la de Riquelme y preso en Piñero, está acusado por atentados contra una sucursal bancaria y el Hospital de Emergencias. Mauricio Ayala, prófugo, habría planeado el tiroteo a un cuartel de las Tropas de Operaciones Especiales y otros hechos para vincular a un grupo competidor en el narcomenudeo con las amenazas a Pullaro.
Ayala contó con la colaboración de tres policías del Comando Radioeléctrico. Definidos como “narcos de uniforme azul” por el fiscal Franco Carbone, estos policías cobraron entre 3 y 5 millones de pesos a cambio de plantar tres armas utilizadas en balaceras y fraguar un procedimiento para escrachar a otra banda narco.
El caso alertó sobre la necesidad de no tomar al pie de la letra los mensajes que aparecen con las balaceras, ya que las bandas los utilizan como un modo de despistar a los investigadores y llamar la atención sobre los competidores, dentro y fuera de las cárceles. Pero además expuso un problema crónico: los “narcos de uniforme azul” fueron cubiertos por otros dos policías que suscribieron el procedimiento trucho y se anticiparon a las decisiones del fiscal Carbone gracias a filtraciones de información de otros policías no identificados.
Los asesinatos de los taxistas Figueroa y Sergio Alejandro Celentano, entre el martes y el miércoles pasado, tienen varios aspectos en común. El principal es que fueron cometidos con la misma pistola y con balas policiales, ya que las vainas ostentaban la sigla PSF que identifica a la policía provincial. Otro no menos importante es que ocurrieron en barrios linderos a los de Tablada y Las Heras, donde se despliega el Plan Bandera. No se cometieron con fines de robo y los viajes fueron pedidos a la misma empresa de radio taxi por mensajes de WhatsApp.
A los crímenes se suma el ataque contra Marcos D., un conductor de la línea K baleado por un joven que le hizo señas para que se detuviera en la esquina de Mendoza y México, en el oeste de la ciudad. El chofer recibió un disparo en la cabeza y sigue en estado crítico. El gobierno de la provincia ofreció una recompensa de diez millones de pesos “para quienes aporten información concreta” sobre los asesinatos y el intento de homicidio.
Las balas policiales en la escena de los crímenes hacen presente un aspecto poco contemplado en las políticas de seguridad de la provincia: el rol de policías rosarinos como proveedores de armas y municiones de las bandas. Según datos del Departamento Judiciales de la Policía de Santa Fe, entre 2015 y 2021 se extraviaron o fueron sustraídas 483 armas cortas y 30 armas largas. En 2022, después que un agente canjeara cinco pistolas por una moto, se comprobó la falta de registro y control sobre las armas depositadas en la sección Balística de la policía de Rosario y en un reciente pedido de informes el diputado provincial Miguel Rabbia afirmó que 800 mil municiones provistas al sistema policial santafesino entre abril de 2018 y junio de 2020 se encuentran con destino incierto.
Un tropiezo con la misma piedra
La conmoción actual en Rosario reedita coyunturas de marzo y de mayo de 2023, aunque en una escala todavía más grave por sus efectos en la vida cotidiana de la ciudad: paro de taxis y colectivos, suspensión de la inauguración de las sesiones en el Concejo Deliberante, postergación de la marcha por el 8M, miedo e inseguridad generalizados. La decisión de movilizar recursos del Ejército tampoco es novedosa, ya que Alberto Fernández ordenó el despliegue de personal de la Compañía de Ingenieros después del tiroteo contra el supermercado de los suegros de Lionel Messi. Sin embargo, este anuncio no se concretó en una presencia visible en los barrios de Rosario.
El Plan Bandera fue presentado por la ministra Patricia Bullrich y el gobernador Maximiliano Pullaro el 18 de diciembre en Rosario, ante un despliegue de efectivos de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El gobernador aspiraba a comandar las fuerzas federales en la provincia, pero la ministra delegó esa función en Federico Angelini, designado subsecretario de Intervención Federal.
Esa no fue la única diferencia entre Pullaro y Bullrich. Santa Fe tiene sus cárceles superpobladas y aloja a más de 500 presos por causas federales. Urgido a descomprimir los penales, el gobierno provincial reclama la entrega de la cárcel federal en construcción sobre la ruta 64 entre la ciudad de Coronda y la comuna de Larrechea. La Nación no solo se opone sino que según fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia las obras están paralizadas.
Otro ruido en la comunicación entre la Nación y la provincia surge del aporte concreto de fuerzas federales. Después de proclamar en la campaña electoral que Rosario necesitaba no menos de 5 mil agentes, Bullrich se negó a precisar la cantidad de efectivos asignados. El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Toniolli presentó un pedido de informes aún sin tratamiento ante las versiones de que los gendarmes fueron retirados de la ciudad el 28 de enero, para servir a la represión de la protesta ante el Congreso Nacional durante el tratamiento de la ley ómnibus.
El subsecretario Angelini, por su parte, reclamó “una reestructuración de la policía” de la provincia después de que tres oficiales del Comando Radioeléctrico de Rosario fueran acusados de actuar al servicio de un narco de 28 años que disputa el control del narcomenudeo en la zona oeste de la ciudad. A este procedimiento se agregó la captura de un oficial de la Policía de Investigaciones, sospechado de haber proporcionado información a otros jefes de bandas.
El pedido de “reestructuración” de la policía provincial toca un nervio muy sensible. La expresión “reforma policial” estuvo ausente en la campaña electoral de Pullaro. El nuevo gobernador, en cambio, apuesta a una reivindicación de la policía y también del Servicio Penitenciario de la provincia, como explicitó al difundir en sus redes las fotos que muestran humillaciones impuestas a los presos en la cárcel de Piñero.
Según la versión del gobernador, la cárcel funcionó como “un home office liberado” por responsabilidad de la gestión política anterior y por un supuesto garantismo en el que los guardias “eran apercibidos si molestaban a los presos”. La posibilidad de que los empleados penitenciarios participen en el tráfico de celulares, como sugirió el hallazgo de depósitos clandestinos de teléfonos en Piñero y Coronda en 2022 y 2023, parece excluida de su diagnóstico.
NOTA COMPLETA EN: Rosario: el regreso de la mano dura para una ciudad en estado de conmoción – elDiarioAR.com
