Pocos se enteraron de que el jueves pasado, 25 de abril, en la Central Nuclear de Embalse (Provincia de Córdoba) se produjo un incendio que fue calificado de “alarmante”. El hecho ocurrido en una de las tres plantas atómicas que funcionan en la Argentina, pasó desapercibido a nivel nacional para las mayorías. No obstante, la antigüedad de estas plantas es un problema porque se trata de las tecnologías de mayor peligro humano potencial que hay en todo el país.
Según lo que dice en el artículo escrito por el chaqueño Mempo Giardinelli en Página 12, “las plantas nucleares que hay “colocan al país en una posición tecnológicamente relevante pero requieren una celosísima y constante atención, así como mantener bien informada a la ciudadanía”.
El Dr. Raúl Montenegro, profesor titular de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y Premio Nóbel Alternativo 2004, por sus investigaciones en el campo nuclear, miembro del Movimiento Antinuclear de la República Argentina (MARA) y preside la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), remarcó “la lentitud de reacción e irresponsabilidad de las autoridades nucleares, que sólo describieron lo ocurrido cuando la comunidad ya había escuchado las noticias o visto el incendio a distancia”.
Está presente el antecedente de la tristemente famosa central rusa de Chernobil, donde en 1986 estalló un reactor que conmovió al mundo en lo que fue el accidente nuclear más grave de la Historia, que expulsó a más de 300.000 personas de sus hogares y donde la lluvia radiactiva fue 400 veces superior a la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945.
Montenegro sostiene que “si la operadora de la central nuclear, con todos los recursos, protocolos y experiencia que dice poseer, no logra evitar un incendio en una simple instalación, el hecho es gravísimo”. Y cuestiona también que “la población cordobesa se enteró de lo sucedido a través de medios no calificados, como radios comunitarias locales y no por anuncios oficiales que detallaran riesgos”.
Montenegro encendió, además, otra alarma: el incendio “ocurrió el mismo día en que se registró un sismo de magnitud 4,6 en la escala de Richter, 16 km al sudoeste de la ciudad de Jesús María, y que fue percibido en la mayor parte de la provincia”. Por eso criticó que “las autoridades nucleares siguen haciendo simulacros de accidentes menores en un radio de sólo 10 kms. alrededor de la Central”. Un área demasiado limitada que “contrasta con lo que ocurriría en el hipotético caso del peor accidente posible –como en Chernobil hace 38 años– en el que una nube altamente radiactiva podría contaminar un radio de 500 a 700 kilómetros alrededor del reactor siniestrado”.
La acusación de Montenegro es grave, además, porque en su opinión los entes responsables “no quieren que la población asuma el peligro que representan tanto el reactor nuclear como los silos donde se almacena el combustible nuclear agotado, que es altamente radiactivo”.
La alarma que enciende Montenegro también implica acusaciones de índole política: “El gobernador de Córdoba Martín Llaryora y la Ministra de Ambiente Victoria Flores, parecen continuar el mismo actuar irresponsable de Juan Schiaretti. Miran para otro lado sin exigir a Nucleoeléctrica Argentina S.A. ni a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), que distribuyan en toda la provincia un plan para actuar ante posibles accidentes nucleares”.
Según Montenegro ya fue la Argentina “el primer país de América Latina en sufrir un accidente nuclear nivel 4 en el reactor nuclear de investigación RA-2 en Constituyentes, provincia de Buenos Aires, en 1983″. Y se tiene además el dudoso privilegio de haber sido el primer país de la región con un muerto y 17 personas contaminadas radiactivamente en ese mismo caso, en el que afortunadamente no hubo emisión de material radiactivo fuera del recinto donde ocurrió”.
Ahora mismo, tanto FUNAM como el Campus Córdoba del Right Livelihood College reclaman medidas de prevención de “los enormes riesgos ambientales y sanitarios que representa un reactor nuclear que tiene, además, otros 30 años de vida extendida. Lo que implica que muchas de sus partes, que no fueron cambiadas, ya superan las cuatro décadas”. Exigen además que se hagan públicos tanto el esquema de hospitales como del personal de salud que actuaría ante un accidente nuclear. Y sugieren además, a las autoridades provinciales, que “encarguen una auditoría independiente para medir la contaminación radioactiva producida en el lugar tras décadas de funcionamiento del reactor”.
Y es que Embalse sigue descargando material radiactivo, tritio-3, en grandes cantidades al aire y al agua del lago, además de pequeñas dosis de otros materiales también radiactivos. Y por si fuera poco se debería encargar un estudio independiente para saber si el reactor y los silos pueden resistir sismos que, eventualmente, superen los de diseño, que son de la década de 1960.
Con información de Pagina 12
