“Más de 100 periodistas han sido asesinados en Gaza; desde el 7 de octubre de 2023, la UNESCO ha condenado la muerte de 26 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación y está investigando decenas de casos más”. Es una de las razones por la que la ONU otorgó -el 3 de mayo -el Premio Mundial a la Libertad de Prensa de 2024 a los periodistas palestinos que informan de la carnicería en Gaza; Naciones Unidas hizo el recuento a partir de las informaciones facilitadas por las ONG asociadas. Por Enric Llopis.
“Los Estados fracasan en la protección del periodismo”, concluyó Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su análisis global de 2024; respecto a los crímenes en la Franja, la ONG coincide con las cifras de Naciones Unidas y destaca: “Palestina, ocupada y bajo las bombas israelíes, se transforma en uno de los diez peores países del mundo en términos de seguridad para los periodistas”.
Con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa, Amnistía Internacional (AI)-Valencia organizó -el 2 de mayo- una mesa redonda -en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat- con la presencia del director del periódico infoLibre, Jesús Maraña; la mujer del periodista Pablo González, Oihana Goiriena; y el activista y defensor en el caso de Julián Assange, Jorge Fernández.
El pasado 11 de abril se cumplía un quinquenio del ingreso en prisión de Julián Assange; el periodista y activista australiano, editor de Wikileaks, permanece en la cárcel británica de Belmarsh, de alta seguridad; en abril de 2019, Assange fue detenido por la policía Metropolitana en la embajada de Ecuador en Londres, después que el ejecutivo ecuatoriano (entonces presidido por Lenín Moreno) le retirara el asilo.
Actualmente el periodista se enfrenta a la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos; Julián Assange “se ha atrevido a sacar a la luz revelaciones de presuntos crímenes de guerra (y la muerte de civiles en Irak y Afganistán) cometidos por Estados Unidos; continúa recluido arbitrariamente en Reino Unido por cargos que obedecen a motivos políticos, presentados por Estados Unidos (…)”, explica la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard.
El programador y fundador de WikiLeaks difundió información -de relevancia pública- que le fue filtrada; en caso de que se produzca la extradición, añade Callamard, “correrá el riesgo de sufrir graves abusos, entre ellos el de ser recluido en régimen de aislamiento prolongado”.
El procesamiento en Estados Unidos se produciría de acuerdo con la Ley de Espionaje de 1917; así, en caso de condena contra Assange, ésta podría llegar hasta los 175 años de prisión (y hasta cinco por delito informático). El pasado 26 de marzo el Tribunal Superior de Reino Unido aplazó su decisión sobre el permiso del periodista y editor para recurrir la extradición; el 20 de mayo está previsto el siguiente pronunciamiento judicial.
La filtración de documentos se remonta a 2010; centenares de miles sobre la guerra de Irak, decenas de miles sobre la de Afganistán, y también respecto a otras zonas del planeta; los documentos se hicieron públicos a través de la página WikiLeaks, en lo que se consideró en su día –según la BBC- “la mayor filtración de la historia” (incluía los cables de embajadas de Estados Unidos en cerca de un centenar de países).
Con el activista australiano colaboró la exsoldado y analista de inteligencia Chelsea Manning, reclusa durante siete años en una prisión militar (entre 2010 y 2017) por difundir documentación que la Administración estadounidense consideró reservada; entre la información que hizo pública, figuraba un audiovisual con helicópteros norteamericanos disparando contra civiles en Irak.
El pasado 28 de febrero Amnistía Internacional hizo un recordatorio en las redes sociales; se cumplían dos años del arresto del periodista Pablo González en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania; cuando se produjo la detención, el reportero desarrollaba su labor profesional.
Pablo González “debe tener información completa de los cargos que hay en su contra; tiene que finalizar el régimen de aislamiento en el que lleva dos años, revisarse su situación de prisión provisional y respetarse todas las garantías procesales; continúa en la misma situación de aislamiento en una cárcel de máxima seguridad, donde permanece 23 horas recluido en una celda”, subrayaba AI.
El contacto con los familiares, desde la detención en febrero de 2022, ha sido mínimo: la autorización a dos visitas breves.
El periodista continúa a la espera de enjuiciamiento en Polonia, donde afronta una acusación de espionaje; no pudo contar con asistencia letrada de oficio hasta dos semanas después de la detención, ni abogacía de libre elección hasta que pasaron dos meses.
A la información y denuncias puede accederse –entre otras fuentes- en #FreePabloGonzález; #JusticiaParaPablo o #2añosSinPablo; el Día Internacional de la Libertad de Prensa -3 de mayo de 2024- Pablo González, de 42 años, cumplía 796 días en prisión provisional y régimen de aislamiento; vecinos de los municipios de Nabarniz y Elantxobe -en Bizkaia- donde residen familiares y amigos, reivindicaron su puesta en libertad.
El periodista y fotógrafo documental Juan Teixeira, cofundador del portal de infoentretenimiento Eulixe.com junto a Pablo González, ha denunciado la situación de éste ante el Parlamento europeo; entre los últimos apoyos recabados figura el de la candidata de Podemos a las elecciones europeas el próximo 9 de junio, Irene Montero: “Es urgente que el Gobierno de España defienda la libertad de prensa y los derechos fundamentales de Pablo González”.
También a finales de febrero, Reporteros Sin Fronteras (RSF) instó a a la Justicia de Polonia a que pusiera en libertad al periodista vasco; el objetivo es que pueda defenderse -en un juicio- de las acusaciones “que aún no se han sustentado”; interno en la cárcel de Radom (centro de Polonia), la prisión preventiva del informador ha sido prorrogada en ocho ocasiones.
En febrero de 2022 compañeros y amigos del periodista y politólogo nacido en Moscú -colaborador en medios como Gara, Público, Naiz o La Sexta- constituyeron la asociación #FreePabloGonzález; califican la situación de Pablo González, como de “régimen inhumano”; a las denuncias del colectivo se han adherido, entre otros, los actores Willy Toledo, juan Diego Botto y Carlos Bardem; el fotoperiodista Gervasio Sánchez; y las periodistas Teresa Aranguren, Ana Pardo de Vera y Martxelo Otamendi.
FUENTE: ANRed noticias