La explotación offshore existe en Tierra del Fuego desde hace unos 44 años, pero tanto empresas de capitales extranjeros como YPF se encuentran expandiendo la frontera hidrocarburífera sobre cuatro áreas del Atlántico sur.
Mediante la búsqueda de gas y petróleo en las cuencas Norte y Austral del mar argentino, la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur en el golfo San Matías y la exploración de gas en el Proyecto Fénix en las costas de Tierra del Fuego, el gobierno de Alberto Fernández y la industria de hidrocarburos avanzaron con tres grandes aspiraciones sobre el océano para expandir negocios, fuentes de abastecimiento interno y de exportación. Los proyectos fueron impulsados con el aval del Poder Judicial, a pesar de las críticas, amparos, protestas y alarmas de ambientalistas, conservacionistas, abogados y ciudadanos organizados en asambleas a lo largo de la costa Atlántica.
El futuro de estos proyectos dependerá ahora de la política energética del nuevo presidente, Javier Milei, un negacionista del cambio climático, y de Eduardo Rodríguez Chirillo, a cargo del área de Energía. Todas las iniciativas dependen ahora del mandatario libertario y de la inversión de las petroleras, en especial de YPF.
Los detractores de estas tres iniciativas advierten sobre los riesgos ambientales y las escasas fuentes de trabajo y de energía que han obtenido los locales ante la expansión de la frontera de los combustibles fósiles sobre el mar. También afirman que van en detrimento de los compromisos ambientales de Argentina en los acuerdos climáticos a nivel internacional y de la transición energética justa. Los mayores beneficiados: las grandes petroleras. Detrás del negocio: el modelo energético que abastece de gas, luz eléctrica y combustible al país.
Con aval judicial
El Poder Judicial ha tenido un rol en propiciar el avance de la frontera hidrocarburífera sobre el mar argentino. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, a principios de noviembre último, los planteos de distintas organizaciones ambientalistas para frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, en la Cuenca Norte, de acuerdo con un comunicado del tribunal.
La Corte Suprema deberá tratar otros dos casos. El primero es una medida cautelar climática más amplia, presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que solicita la suspensión de las autorizaciones de exploración sísmica y la explotación de gas costa afuera en todo el mar argentino. La organización ambientalista pide que la suspensión rija hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publique una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El planteo ya fue rechazado en primera y segunda instancia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, explicó Cristian Fernández, abogado de FARN.
El segundo caso pendiente fue presentado por la organización Abogados Ambientalistas, que solicitó al máximo tribunal que revise una decisión del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro. Este determinó que los ciudadanos rionegrinos de la Multisectorial Golfo San Matías no tendrían “legitimidad” para reclamar por la inconstitucionalidad de la modificación de una ley hecha a medida del oleoducto Vaca Muerta Sur.
Ultraprofundo
Entre 2022 y 2023, el gobierno de Alberto Fernández avanzó con los trámites para hacer posible la prospección sísmica y la exploración de pozos de gas y petróleo a altas profundidades en tres cuencas del mar argentino: la Norte, la Austral y la Malvinas Oeste. El Gobierno cree que podría tratarse de una “segunda Vaca Muerta”, por el potencial y rendimiento económico.
Las concesiones del “Plan Exploración Offshore” comenzaron a licitarse en 2018, dividiendo al mar en 38 bloques, durante el gobierno de Mauricio Macri. De esos 38 bloques, actualmente unos 18 han sido adjudicados a distintas petroleras para la exploración: Equinor, YPF, Shell, ExxonMobil, British Petroleum (BP), Qatar Petroleum, Tullow, Total, Eni, Pluspetrol y Wintershall DEA. Sólo la primera etapa licitada alcanzó 95.000 kilómetros cuadrados del mar Argentino.
La prospección sísmica —definida como “bombardeos acústicos” por la organización Greenpeace— es realizada por la empresa noruega Equinor, que también participará en la exploración de pozos. Ésta consiste en realizar detonaciones con aire comprimido que generan ruidos intensos y provoca pequeños sismos en el fondo marino. Estos potentes sonidos generan un eco que es captado por una serie de micrófonos en el buque sísmico. La información que producen es analizada para identificar reservorios de petróleo y gas.
Ambientalistas y conservacionistas advierten sobre los altos riesgos para la biodiversidad marina tanto por los bombardeos acústicos como por la exploración y explotación a profundidades inéditas en las tres cuencas argentinas.
Los pozos se encuentran a más de 1.500 metros de profundidad y pueden llegar a los 4.000 metros. Además, las perforaciones se realizarán a distancias muy extensas de las costas, entre 100 y hasta 300 kilómetros mar adentro. Estas son las dos principales diferencias con la exploración offshore que ya se realiza en la cuenca Austral, explicaron Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Greenpeace en documentos judiciales y publicaciones analizadas para este reportaje.
elDiarioAR y Climate Tracker consultaron a la petrolera Equinor para conocer su posición sobre las críticas pero la empresa noruega no respondió hasta el cierre de esta edición.
Cuenca Norte
“Actualmente, Equinor se encuentra realizando los bombardeos acústicos con el buque BGP Prospector en los bloques 100 y 108 del mar argentino, a la altura de las costas de la provincia de Buenos Aires y Viedma, Chubut”, explicó en noviembre último Hernán Pérez Orsi, investigador de la campaña Océanos de Greenpeace.
LA NOTA COMPLETA: El gobierno de Fernández dejó el camino allanado para tres proyectos de las petroleras sobre el mar Argentino – elDiarioAR.com
