El texto que trascendió del primer Decreto de Necesidad y Urgencia le da Gobierno amplias facultades para realizar ajustes y privatizar compañías estatales, entre otras medidas.
La letra chica del primer Decreto de Necesidad y Urgencia de Javier Milei estableció además de una reducción sensible de la cantidad de ministerios, hasta dejarlos en solo nueve, una serie de facultades amplias para aplicar un ajuste de gastos y también permitir la privatización y hasta el eventual cierre de empresas públicas.
Así se desprende del texto que trascendió en las últimas horas, que de todos modos era pulido para su publicación definitiva en el Boletín Oficial, que se prevé para esta misma medianoche. Son las atribuciones que tendrán Nicolás Posse (Jefatura de Gabinete), Sandra Pettovello (Capital Humano), Diana Mondino (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Guillermo Francos (Interior), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mario Russo (Salud).
El documento, en concreto, reordena toda la administración pública, asigna funciones, presupuestos, recursos humanos y materiales en la Jefatura de Gabinete y en los Ministerios que quedaron activos de los que fueron eliminados. Se trata de un rediseño masivo que corresponde tambien a quienes juraron hoy en Casa Rosada.
Así, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, asumieron una amplia variedad de tareas y se les asignó -de acuerdo al texto que se conoció esta domingo- una facultad concurrentes para avanzar en la privatización o, incluso, el cierre de las empresas públicas.
A Posse se lo facultó para “intervenir, previo a la designación de los directores que actuarán en representación del Estado Nacional, en las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”, como también “entender en un sistema de información que permita el seguimiento del desempeño de las empresas y sociedades actuantes en la órbita de los Ministerios y Secretarías que conforman la Administración Pública Nacional”.
Además, incorporó la posibilidad de “establecer los lineamientos e impartir las directivas y recomendaciones a las que deberán ajustar su actuación los titulares de las dependencias del Estado Nacional que posean bajo su ámbito la titularidad del ejercicio de los derechos societarios en las empresas, sociedades del Estado cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica con el objeto de resguardar el interés público general comprometido”.
En el DNU, en tanto, se le dio a Caputo el poder de “intervenir en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, actuantes bajo su órbita, tanto en lo referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, y en aquellas que no pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros”.
Además, se incluyó en el articulado se rehabilitó un sistema que había impulsado el gobierno de Mauricio Macri y que la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: las PPP.
FUENTE: Infobae
