Mendoza se convirtió en la primera provincia en aprobar la Ley de Ficha Limpia que, como objetivo primordial, busca que los cargos públicos no puedan ser ocupados por personas que hayan cometido delitos de corrupción, Violencia de Género, contra la libertad, o contra la integridad sexual.
Además, la norma impone que los partidos deberán exigirles a sus candidatos el certificado de antecedentes penales y correrán el riesgo de que la Justicia Electoral baje las listas completas si en ellas hay personas con condenas o procesamientos en contra.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez consideró que la legislación representa un “avance enorme en materia institucional” y señaló que regirá para “todos los poderes del Estado