Entrevistamos a Cristian Gonzáles del sindicato de panaderos, quien nos brindó su visión sobre el desconocimiento social del pan transgénico y la situación económica de quienes trabajan en el sector.
Sobre la introducción al mercado del trigo HB4 de la empresa argentina Bioceres, Cristian sostiene que “este tipo de cuestiones normalmente son impuestas en situaciones de crisis, donde la gente no está del todo atenta o dispuesta a oponerse, teniendo otras problemáticas que son urgentes como la situación económica”. El trigo HB4 no es un alimento que aporte vitalidad, sino todo lo contrario, se priorisa el rinde en contexto de sequía extrema y se descuida la salud de quienes lo coman.
Con respecto al problema de salud pública que está puesto debajo de la alfombra, el apoderado legal del Sindicato de panaderos de Sáenz Peña aclaró que lo que se cuestiona no es tanto la modificación genética del trigo “sino más bien la utilización del glufosinato de amonio, un agrotóxico que es muy potente e incluso superior al glifosato -5 veces más venenoso- que hoy ya es muy cuestionado”.
Además informó que por parte del sector sindical “se está hablando del tema”, y que lo van a empezar a analizar desde organismos internacionales: “Nosotros tenemos representantes en organizaciones obreras a nivel internacional como lo es la red UITA que aglutina a organizaciones de trabajadores de la alimentación, a su vez un organismo que está dentro de la ONU”.
Además de la cuestión de salud pública, la economía:
En relación a la situación económica, la semana pasada el Gobierno nacional junto a representantes de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (FAIPA) y la Cámara de Industriales Panaderos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CIPC) acordaron un valor máximo para el kilo de pan francés de hasta $680 hasta el 30 de septiembre, y de $715 para todo octubre en panaderías de todo el país.
Gonzáles sostiene que es necesaria “una compensación al trabajador que va a tener que hacer este pan social” y sugiere “acudir al sentido de responsabilidad y empatía por parte de la patronal”. Y agrega que “esto va a tener incidencia en todo el territorio nacional porque la organización que firma el acuerdo es la FAIPA que aglutina a todos los industriales panaderos a nivel nacional”.
El congelamiento del precio del pan se dio en medio de una importante suba que hace proyectar la inflación para agosto en un valor de dos dígitos. El pan es uno de los productos claves que se miden en el índice de costo de vida que elabora el Indec. A su vez la harina es el alimento principal de familias que, según sus ingresos, no llegan al índice de pobreza establecido a nivel nacional.
Este podría ser un gran problema de salud pública a futuro teniendo en cuenta la utilización del Glufosinato de amonio, un veneno 5 veces más fuerte que el Glifosato, como parte del paquete tecnológico aplicado al trigo HB4, de la empresa Bioceres, modificado genéticamente para tolerar el veneno y el estrés hídrico.
Al tanto de la situación, el representante sindical reflexiona que “en algún momento el estado deberá tomar cartas en el asunto y rever la aprobación del cultivo de este trigo” que “al estar aprobado, se va a mezclar con el resto de los trigos y es muy probable que haya llegado a nuestra zona porque si los molinos lo venden, llegará al consumo masivo”.
La desinformación sobre el tema es evidente. “Son cuestiones que vienen impuestas por intereses muy fuertes de empresas multinacionales que hoy en día tienen una incidencia muy decisiva en temas como este que no se les da demasiada difusión”.
Volviendo a la situación económica, sobre el bono de $60.000 que anunció Sergio Massa, son 12 las provincias que no pagarán en septiembre y octubre, justamente estos, los meses que coinciden con el congelamiento del precio del pan.
Al respecto el doctor Gonzales no solo instó al pago del bono, sino que además argumentó que “va a significar un esfuerzo que a su vez va a ser recuperado por una compensación que van a tener respecto de las cargas patronales que no van a tener que pagar, ya que serían bonificadas por parte del estado”.