Por Mempo Giardinelli
Aunque pasó desapercibido, la semana se cerró con el anuncio de que la Asociación Argentina de Abogad@s Ambientalistas, junto con el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, revelaron el acuerdo secreto por el cual fue entregada la Soberanía Argentina sobre el Río Paraná.
Más allá de la irregularidad que implica el hecho de que no sea público un acto administrativo (además trascendente), ambas entidades lograron acceder al acuerdo secreto, que hoy es imperativo que el pueblo argentino conozca.
Y no sólo por la irregularidad del ocultamiento, sino porque el texto ordena la supuesta colaboración conjunta entre la Administración General de Puertos (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, que fuera firmado por el gobierno de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2023, y cuya acta de inicio de ese acuerdo la firmó el gobierno de Javier Milei el 5 de enero de 2024, tal como señaló a esta columna el Ingeniero Naval Horacio Tettamanti, quien fue Subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación en la década pasada y ha advertido reiteradamente al gobierno nacional por “clausurar nuestra salida comercial al mar y al océano Atlántico, lo que significa interferir el tránsito soberano de la gigantesca riqueza que la Cuenca del Plata ofrece y que implica el 25% de la proteína vegetal que alimenta al mundo vía transporte marítimo y el comercio exterior del país”.
Ese acuerdo fue firmado por José Beni, veterano funcionario histórico de la AGP que llegó a esa función con Florencio Randazzo, siguió con Mauricio Macri y luego Alberto Fernández, y ahora fue ratificado por Javier Milei.
Tettamanti sostiene que “ese acuerdo es consecuencia del decreto 949/20 y de la entrega del Río de la Plata con la autorización de dragar hasta 14 metros en el puerto de Montevideo, sentenciándose así al Canal Magdalena”.
Junto con un pequeño grupo de ciudadan@s que desde hace años integra también este columnista, Tettamanti resiste la entrega y es reconocido como una autoridad en la materia, posición desde la que condena toda cesión de Soberanía y en particular la que Milei graciosamente entregó a la República Oriental del Uruguay en claro perjuicio del Canal Magdalena, probadamente superior geográfica, técnica y fácticamente al montevideano. Y con lo cual –Tettamanti dixit– “queda en evidencia que el actual gobierno ratifica la política de estado favorable a la entrega de soberanía marítima, de Macri y Fernández”. La cual, de hecho, ha venido implementándose –por sobre gestiones, probanzas y argumentos de expertos– durante y después del gobierno de Macri, cuando se inició y dispuso una hoja de ruta precisa y sistemática orientada por intereses multinacionales para la extracción de recursos naturales contraria al interés nacional”.
Todo lo cual “ha llevado a obstaculizar el desarrollo portuario argentino y a comprometer su navegación soberana, particularmente al establecer en Uruguay todos los puntos de control portuarios, fragmentando así la ruta de navegación principal de la República Argentina”. Lo que reafirma que es más ventajoso para los modelos extractivos separar la fase de país proveedor de la de país portuario de embarque.
Se trata, pues, de un nefasto modelo logístico que fue fortalecido aún más durante el gobierno de Alberto Fernández, fundamentalmente por el decreto 949/20 y el acuerdo con el ejército estadounidense. Todo lo cual “se consolida ahora con las decisiones marítimas y portuarias cipayas del gobierno de Milei”.
Y lo peor de todo –como empieza a advertirse en diferentes espacios que hasta ahora no expresaban posiciones claras– es que “esta renuncia de la Argentina a su soberanía representará una de las más grandes y dolorosas hipotecas para el futuro del país, ya que –concluye Tettamenti– prácticamente cierra todas las posibilidades de industrialización del país.”
Y como todo tiene que ver con todo –concluye– “este modelo precede al RIGI como anclaje logístico, puesto que el RIGI necesita para su implementación la entrega de ambos: el Río Paraná y el Plata para constituirse en la infraestructura de transporte estratégica cuya consecuencia es clausurar toda logística de integración y desarrollo industrial como el país reclama”.
Por lo tanto y siendo casi todo irregular, se afectan directamente los bienes comunes y la mayor cuenca de este país, como se ha ratificado sin la participación de los actores políticos pertinentes, siendo absurdo que tratándose de algo de tan grande implicancia no sea ratificado por el Congreso Nacional. Y además las provincias involucradas, verdaderas titulares de los bienes naturales, deberían también ser consultadas y participar de la decisión.
Es imposible desligar toda esta avanzada de las declaraciones de altos rangos de Estados Unidos en torno a garantizar a cualquier costo su propio acceso a los mal llamados “recursos naturales”. La injerencia de actores externos en nuestro territorio solo fomenta más extractivismo y más primarización de la economía. Lo que profundiza y pretende fijar el rol de los países del Sur Global como proveedores de naturaleza.
A medida que se pierde capacidad de decidir sobre los propios territorios, el avance del extractivismo descontrolado exacerba las grandes afectaciones que atraviesa un sistema de humedales como el de la cuenca del Paraná. Por eso son necesarias tanto la revisión inmediata de este “Memorándum de Entendimiento” como la conformación de un Comité de Cuenca que integre a los diferentes sectores sociales, culturales y ambientales que deben tener voz en la gobernanza y en la participación política de las decisiones alrededor de la cuenca del Paraná y cualquier proyecto que la modifique. La protección y conexión con nuestros ríos y ecosistemas es fundamental para el bienestar del pueblo argentino.
Al cierre de esta edición fuentes confiables –que todavía quedan– aseguran que Milei pretendería que la primera concesión de obras de su gobierno sea la licitación del Río Paraná, que provocativamente se insiste en llamar “hidrovía”, palabra que no existe en lengua castellana y que no es más que la necia negación del gran río argentino que va de Norte a Sur, y cuya tutela los últimos presidentes y el actual han puesto bajo control del ejército de los Estados Unidos, además de que el control operativo sigue en manos de grandes empresas de otros países.
Éste sería, como viene siendo, el más grande negocio geoestratégico entregado a transnacionales que supuestamente se encargarían de “controlar la circulación” en el río Paraná, que baña las costas de siete provincias, entre ellas Santa Fe y Buenos Aires. Según se comenta en toda la larga costa santafesina, la idea del gobierno es cobrar tarifas de circulación en dólares, puesto que el río ya es hoy una especie de canal de circulación de negocios, contrabandos y narcotráficos, al parecer descontrolados.
Algunos exportadores de cereales y bienes industriales, además, pretenden ahora que se amplíe la profundidad del río de 34 a 42 pies –lo que es un disparate ecológico– para que puedan circular barcos mucho más grandes. Y no faltan quienes proponen ensanchar el canal principal para recibir buques más grandes y pesados. Cualquier perspectiva les conviene, al parecer, con tal de que puertos y plantas cerealeras produzcan mayores ganancias. A nadie le interesa la salud del río ni del ambiente, y por eso la pregunta que sigue en el aire es “para qué cornos servirá tanto festival de concesiones, entrega de soberanía y demás, cuando lo que más ha crecido en los últimos años han sido el narcotráfico, la pobreza, el contrabando y la desocupación.@
