El ministro Luis Caputo anunció medidas para abaratar el precio de los agrotóxicos que afectan el ambiente y la salud de la población. Al mismo tiempo, la ministra Sandra Petovello desfinancia el histórico programa ProHuerta, destinado a la agricultura familiar. Guiños a los empresarios del agronegocio para que vendan la cosecha y obtener dólares.
Por Nahuel Lag
En medio de la oficialización de la Secretaría de Bioeconomía y el recambio de algunos funcionarios, el gobierno de Javier Milei ofreció dos nuevas muestras de cuál es su modelo para la producción agropecuaria y el abastecimiento de alimentos. Por un lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, realizó dos anuncios “para favorecer al agro” con la baja de aranceles para la compra de herbicidas y fertilizantes químicos. Por otro, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantiene vacante la dirección y el financiamiento del programa ProHuerta y desvinculó a 43 técnicos que cumplían funciones en territorio.
Los anuncios de Caputo fueron a través de una canal no oficial, su cuenta de la red social X. La baja de los aranceles para la importación de herbicidas —glifosato, atrazina y 2-4D, los más utilizados y con mayor prueba científica acumulada sobre sus daños en la salud y el ambiente— y la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio —fertilizantes químicos de probado impacto en la generación de gases de efecto invernadero—.
Desde la Secretaría de Bioeconomía confirmaron a Tierra Viva que los anuncios hechos por redes sociales por parte de Caputo aún no se tradujeron en letra de resoluciones. “Estamos trabajando en eso”, dijeron desde la secretaría conducida por Fernando Vilella.
En tanto, la denuncia del fin del programa ProHuerta es un secreto a voces entre los trabajadores dependientes del Ministerio de Capital Humano y del INTA —organismo que ejecuta el programa en territorio—, que preparan respuestas en asambleas y denuncian individualmente en redes sociales. En 34 años de existencia, el programa asiste a familias y organizaciones de la agricultura familiar con semillas, seguimiento técnico y proyectos especiales para el acceso al agua. Según datos oficiales, alcanza a más de 600 mil huertas y 700 ferias que impulsan el modelo agroecológico, sin uso de agroquímicos y sustentable con el ambiente.
La coordinación nacional de ATE-INTA se declaró en estado de alerta “ante la falta de voluntad de diálogo por parte del Ministerio de Capital Humano para dar curso a la continuidad del programa”.
“Atentos a las necesidades del campo”
Los anuncios del ministro Caputo de la baja de aranceles se dan en medio de juego de tensiones internas y negociaciones con “el campo”, representado en la agenda política por la Mesa de Enlace (Sociedad Rural, Coninagro, CRA y Federación Agraria). En el inicio de la cosecha gruesa —soja, maíz y girasol—, cuya liquidación significa un ingreso de dólares central para que el Gobierno sostenga su promesa de evitar una nueva devaluación, las entidades de la Mesa de Enlace lanzaron una advertencia al Ejecutivo para que anuncie “ya una baja en los derechos de exportación” como “estímulo para la próxima cosecha”, un reclamo que habían sellado durante la campaña presidencial.
Las primeras medidas de shock tomadas por el Milei y Caputo, en diciembre pasado, favorecieron al sector agroexportador: devaluación del 50 por ciento del peso y liberación de cupos a la exportación. Sin embargo, y a pesar de las promesas de campaña, el plan para alcanzar el “equilibrio fiscal” se apoya en la recaudación del Impuesto País, que impacta en las importaciones de agroquímicos.
El plan de ajuste también precisa del sostenimiento de las retenciones a la exportaciones del agro, que el Gobierno intentó incluso incrementar en el primer proyecto de Ley Ómnibus. Algo que debió dejar afuera por la presión del sector agroexportador y de los gobernadores. El nuevo proyecto que el Poder Ejecutivo negocia no contempla modificaciones, como tampoco la incorporación del convenio UPOV 91 de semillas.
En la previa del comunicado de las entidades de la Mesa de Enlace, el reclamo llegó a la cartera de Economía por parte de los gobernadores —que se encargan de representar los intereses de esos sectores— durante el primer Consejo Federal Agropecuario, realizado en la emblemática Bolsa de Comercio de Rosario. En ese encuentro, según cronicaron medios del agronegocio como Agrofynews, se comenzó a limar la autoridad del secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella. La voz cantante en el encuentro fue la del secretario de Industria, Juan Pazo, a quien se señaló como el “vocero de Caputo” y quien “maneja la caja”. En ese encuentro, Pozo prometió ir hacia la unificación del tipo de cambio.
El viernes pasado, Vilella terminó de perder poder como secretario por las renuncias de dos funcionarios cercanos Germán Di Bella y Pedro Vigneau, quien lo acompañó en el armado político de La Libertad Avanza en la campaña. Con la publicación del decreto 293/2024, el Gobierno oficializó la creación de la Secretaría de Bioeconomía en reemplazo de Agricultura; confirmó a Vilella, y creó cuatro subsecretarías e incorporó a la función a Sergio Iraeta y Manuel Chiappe, enfrentado con Vilella y director general de la Fundación Barbechando, una organización de lobby en el Congreso, que por estos días coordina la formación de un grupo de diputados para imitar la “bancada rural”, de perfil bolsonrista, que existe en Brasil.
El decreto también creó la Secretaría de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, que quedaría en manos de Pazo. Ese lunes, Caputo publicó su primer posteo: “Los herbicidas a base de Atrazina, Glifosato y 2-4-D bajarán del 35 por ciento al 12,6 por ciento”. El anuncio recibió más críticas que aplausos. La lectura del sector fue que la medida tendría un “impacto mínimo” para la siembra fina, principalmente trigo, que debe comenzar ahora y se insistió en la quita de retenciones.
El martes, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se reunió por la noche con Pazo —”el verdadero secretario de Bioeconomía”, tituló el portal Bicho de Campo—. Allí, Pino minimizó el anuncio del lunes y presentó un informe sobre otra necesidad “urgente”: bajar los costos de los fertilizantes para la siembra de trigo, bajo amenaza de una caída abrupta de la futura cosecha fina.
Tras ese encuentro entre Pino y Pazo, llegó el segundo posteo de Caputo de la semana tomando las palabras del sector: “Atentos a las necesidades del campo, y en aras de mejorar su competitividad, vamos a avanzar en la eliminación de los aranceles aplicados a la urea y sus mezclas con nitrato de amonio, que actualmente se ubican en 5,4 y 3,6 por ciento.”
NOTA COMPLETA EN: La “rentabilidad” del modelo agrotóxico: más glifosato, menos ProHuerta – Agencia de Noticias Tierra Viva (agenciatierraviva.com.ar)
