Las empresas exportadoras del agro eluden miles de millones de dólares de impuestos vía Uruguay. Así lo confirma, con números precisos, una investigación de Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti. La maniobra, que desfinancia al Estado, involucra a las compañías Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra, Syngenta, Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y ACA.
“El sector que más divisas ingresa al país: casi el 50 por ciento del total de sus exportaciones”, sostiene —escrito en inglés— el Centro de Exportadores de Cereales en su página web. El dato privado se puede contrastar con el último informe de Comercio Exterior del Indec: en agosto pasado, la exportación de productos primarios y las de manufacturas de origen agropecuario representaron el 60 por ciento del total, con gran protagonismo de granos, aceites y harinas. Pero ¿las ganancias de esas exportaciones quedan todas en la Argentina? En el informe “Cruzar fronteras para cosechar ganancias”, los investigadores del Conicet Alejandro Gaggero y Gustavo Zanotti estudiaron los datos contables de una docena de empresas cerealeras y aceiteras, nacionales y multinacionales, que tienen empresas en Uruguay, donde declararon ganancias por 3.954 millones de dólares entre 2017 y 2021, por producciones que no tocaron suelo uruguayo. En el caso de las firmas uruguayas pertenecientes a empresas argentinas del agronegocio, el 40 por ciento del total de su facturación lo hicieron en el país vecino.
¿Cómo eluden impuestos las empresas del agronegocio argentino? Es la pregunta que guía el informe de Gaggero y Zanotti. La respuesta: las firmas del agronegocio tienen radicadas en Uruguay “empresas cáscara”, firmas que no tienen actividad productiva y cuyo único objetivo es comercializar desde suelo uruguayo gran parte de lo producido en otros países —Argentina y Brasil, en el caso de las estudiadas—, para aprovechar los beneficios de un régimen impositivo especial que reduce los impuestos por ganancias a menos del uno por ciento.
“Cabe destacar que las ventas de las empresas uruguayas en realidad son una ficción contable y en los hechos las mercaderías de ningún modo zarpan del puerto uruguayo”, subrayan los investigadores y advierten cuál es el beneficio fiscal que los impulsa a crear esas empresas: “En 2021, las firmas del agronegocio destinaron solo dos por ciento de sus ganancias brutas al pago de todo tipo impuestos”.
¿Cómo es la operatoria? Las firmas uruguayas adquieren la producción de sus contrapartes radicadas en Argentina, la empresa productora en Argentina vende a las respectivas empresas cáscara de Uruguay a precios menores al precio de mercado y, posteriormente, estas últimas comercializan la producción con compañías extranjeras. El pago de retenciones a la exportación se sigue cobrando en el país, lo que se busca evadir es, principalmente, el pago del impuesto a las ganancias.
Las empresas estudiadas —analizando las ganancias declaradas en Argentina, donde tienen producción; y las ganancias declaradas en Uruguay, donde hay poco más que una dirección fiscal— son las multinacionales Cargill, Bunge, Nidera, Cofco, ADM, Monsanto, Viterra y Syngenta; y las empresas de capitales argentinos Vicentin, Molinos, Aceitera General Deheza (AGD), Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentina (ACA), que en tierras uruguayas está registrada con el nombre de Fisway SA, a diferencia del resto que mantienen su nombre original o parte de él en la “empresa cáscara”. La mayoría de ellas integrantes del Centro de Exportadores de Cereales, organización que impulsa una Ley Agroindustrial, con el objetivo incesante de pagar menos impuestos. El oficialismo la respaldó y la oposición también, pero aún no pasó el debate de comisiones.
Uno, dos, tres, diez Vincentines
“Hicimos este estudio porque habíamos hecho un trabajo anterior sobre Vicentin y la estructura que tenía como grupo empresarial, en la que había una empresa muy importante que era su filial en Uruguay, con un rol contable y no productivo. La filial uruguaya era utilizada para comercializar buena parte de lo que exportaba, pero además las empresas argentinas estaban en manos de un holding formado en Uruguay. El caso de Vicentin deja muy claro los problemas que le generan al Estado argentino estas empresas con estructura internacionalizada”, reseña Gaggero, en diálogo con Tierra Viva, sobre la punta del ovillo que los llevó a investigar la ingeniería fiscal de las cerealeras.
El caso de Vicentin volvió a la agenda en las últimas semanas debido a que el juez civil y comercial N°2 de la ciudad de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró abierto el periodo de concurrencia, tras un extenso proceso de concurso de acreedores abierto en febrero de 2020. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones volvió a fallar a favor de la empresa del agronegocio y revirtió la decisión dándole más tiempo para negociar su deuda. La empresa declaró su estado de cesación de pagos por una deuda de 1.300 millones de dólares en 2019, a pesar de haber liderado los rankings de exportaciones y haber recibido créditos millonarios por parte del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.
El proceso involucra un vaciamiento de la empresa hacia Vicentin Family Group, al otro lado del Río de La Plata. En paralelo al proceso de quiebra, en el que los acreedores van desde el Banco Nación —con el que Vicentin tiene una de deuda de 300 millones de dólares— hasta productores chacareros, doce integrantes del directorio de la empresa local fueron imputados por asociación ilícita y estafas.
El informe de Gaggero y Zanotti da cuenta de que el caso de Vicentin no es una excepción sino una regla y ocurre desde principios de siglo. De acuerdo a información obtenida del Boletín Oficial de Uruguay, las “empresas cáscara” estudiadas comenzaron a conformarse en 2000. Los investigadores enmarcan este entramado de abuso fiscal en un contexto global iniciado a mediados del siglo XX, cuando la producción de alimentos y derivados se dejó realizar de forma local, de la producción al consumo, para producirse un proceso de concentración económica dominado por grandes corporaciones multinacionales en una clara tendencia a “universalizar” los alimentos, entendiéndose por “agronegocio” un sector que se extiende a insumos biológicos destinados a diversos usos, incluyendo alimentos, forraje, biocombustibles y materias primas en otras industrias.
En el caso particular de la Argentina, Gaggero y Zanotti marcan que la expansión del agronegocio estuvo encabezada por grandes empresas multinacionales (Bunge, Cargill y Dreyfus) y ciertos grupos económicos locales (Vicentin y AGD), que estaban presentes en el país, pero crecieron de la mano de algunos hitos con el modelo económico instalado por la última dictadura cívico-militar como una modificación de la Ley de Granos y autorizó la construcción de puertos privados. Lo que le dio a las firmas de molienda una ventaja en sus costos de logística respecto a otros países de la región producto de la reducida distancia entre los puertos. En la década de 1990, en el gobierno de Carlos Menem, la sanción de la ley de actividades portuarias afianzó el modelo privado. Esa decisión fue acompañada por la aprobación de la soja transgénica, en 1996, lo que cambió el modelo agropecuario argentino.
Uruguay, un paraíso para la evasión del agronegocio
¿Por qué el suelo charrúa es tan tentador para estas prácticas ilegales de las empresas del agronegocio? Según detalla el informe, Uruguay tiene un trato especial para los holdings —sociedad que administran propiedad de otras compañías— extranjeros que se radican en el país: no cobra el impuesto a la renta de las actividades económicas (gravado en 25 por ciento para quienes producen en Uruguay). Tampoco el impuesto al patrimonio (1,5 por ciento) a las ganancias provenientes, por ejemplo, por los dividendos percibidos por las firmas extranjeras o por el resultado de la liquidación de una de sus firmas en el exterior.
Además, cuenta con un régimen especial para las empresas de intermediación en la compraventa internacional de mercaderías y servicios (trading), tanto para productos como para servicios que se generen en otro país y no toquen suelo uruguayo. A estas, la resolución de la Dirección General Impositiva 51/97, les permite pagar aproximadamente el 0,75 por ciento de sus ganancias.
Junto al andamiaje legal, el informe —publicado en agosto por la Fundación Friedrich Ebert— precisa información de las empresas que permiten evidenciar que el único objetivo de su radicación en Uruguay es realizar la intermediación de sus productos y servicios e incrementar los saldos contables para liquidar en ese país las ganancias (con una carga impositiva casi nula). Como muestra, los investigadores aportan dos datos:
- En el caso de las empresas cáscara estudiadas, el gasto en empleados constituye 0,14 por ciento de lo facturado.
- El 1,1 por ciento de los activos fijos (maquinaria, plantas o inmuebles) de las empresas uruguayas bajo estudio corresponde a activos fijos.
Es por eso, como también marca el informe, que el país vecino está incluido en el listado de países que no adoptaron el conjunto de reglas de transparencia fiscal de la Unión Europea, aludiendo principalmente a la ausencia de acuerdos internacionales de intercambio de información tributaria. Esos beneficios para empresas extranjeras Uruguay los aporta a cambio de un escaso pago de impuestos, cuando lo facturado por las “empresas cáscara” del agronegocio, solo en 2021, fue 42.000 millones de dólares. La cifra representa el 43 por ciento del valor bruto de producción de Uruguay y el 72 por ciento de su PBI.
¿Cuánto representaría para la Argentina? Si bien el total de la facturado también incluye movimiento de otros países —en particular Brasil— por las triangulaciones hechas por empresas multinacionales como Cargill y Bunge, la economía argentina atraviesa en este 2023 el impacto de la sequía, que según la Bolsa de Cereales de Rosario la pérdida por ese fenómeno fue en 2023 de 14.140 millones de dólares y de 19.000 millones (si se toma el impacto en toda la cadena).
Estas maniobras de “abuso fiscal”, como lo denominan Gaggero y Zanotti, se extiende más allá del agronegocio, pero para dimensionarlo el informe aporte una estimación de la organización Global Alliance for Tax Justice y Tax Justice Network (Alianza Global por la Justicia Fiscal y Red por la Justicia Fiscal) que estimó para 2021, en el caso específico de la Argentina, que el Estado dejó de recaudar entre 1.200 millones y 2.400 millones. En marzo pasado, la AFIP informó que tenía en investigación una supuesta maniobra por 44.206 millones de pesos en el monto que debían pagar en impuestos e involucraba a 20 cerealeras.
“La creación de firmas en distritos de baja o nula tributación les ha permitido a las grandes corporaciones eludir el pago de impuestos, privando a los Estados —especialmente a los más pobres— de recursos que podrían ser destinados al desarrollo económico y social”, sentencia el informe. “Es una pérdida de recursos muy relevante en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina”, resalta Gaggero y suma un ejemplo de 2021: una firma uruguaya, perteneciente a una empresa argentina del agronegocio, facturó ganancias por dos millones dólares en Argentina, donde tiene sus producción; y 93 millones en Uruguay.
El informe arroja otros datos reveladores a partir del estudio de los datos contables de las empresas en suelo argentino y uruguayo:
Las empresas del agronegocio en Uruguay tuvieron ganancias por 475 millones de dólares en 2021 y 3.954 millones en los últimos cinco años. Su procedencia está relacionada tanto a la actividad de intermediación a través de los desvíos de precios de transferencia —el cobro por productos y servicios entras las firmas de la misma empresa— como de operatoriaes con los contratos en el mercado financiero de commodities.
Las firmas uruguayas pertenecientes a grupos locales argentinos representan más del 40 por ciento de la facturación total del grupo.
“En particular, las firmas de ACA, Cargill, AGD y Perez Companc acumularon gran cantidad de activos líquidos. Especialmente las firmas uruguayas de capitales argentinos (ACA, AGD, Pérez Companc, Vicentin) concentran gran parte del total del efectivo del grupo en las filiales radicadas en Uruguay. Es decir, los dólares constantes y sonantes de los grupos argentinos son mantenidos en Uruguay a través de las firmas estudiadas”.
“El patrimonio del grupo argentino Pérez Companc (a través de Molinos Agro) se encuentra especialmente explicado por su filial en Uruguay. Es decir, dicha rama de negocio del grupo posee su patrimonio casi enteramente resguardado en Uruguay. Por otro lado, las firmas de Bunge, Dreyfus, ACA, Adecoagro, AGD, Vicentin, representan entre cuatro y nueve por ciento del patrimonio total del grupo o conglomerado”.
Leer nota completa en: Cosechas robadas: empresas del agronegocio evaden millones de dólares vía Uruguay – Agencia de Noticias Tierra Viva (agenciatierraviva.com.ar)
