La porción argentina del Gran Chaco americano continúa perdiendo superficie boscosa con cifras que no paran de aumentar. La tendencia del primer semestre de 2023 es alarmante.
El incumplimiento de leyes y sentencias judiciales, así como la poca severidad de las sanciones que castigan a los responsables de la pérdida de bosque facilita la deforestación. Un nuevo plan de ganadería integrada intenta remediar la situación.
Son 51 600 hectáreas, es decir, 500 kilómetros cuadrados, algo más que la superficie total de Andorra, el principado ubicado sobre los montes Pirineos entre España y Francia. Pero si en el suroeste de Europa la cifra define la extensión de un paraíso del esquí, en el Chaco argentino la cifra remite a una destrucción imparable. Según las mediciones satelitales de la organización Greenpeace, esta es la cifra de deforestación en la región durante los primeros seis meses de 2023. “Con esta proyección, es probable que lleguemos a 120 000 hectáreas a final de año, una verdadera locura”, señala Paula Soneira, asesora de la ONG Aves Argentinas.
Al analizar la situación por provincias, la de Chaco es la que ha perdido más masa boscosa desde enero: 24 522 hectáreas. Mucho más que el total de lo deforestado en todo 2021 y dos tercios de la cifra de 2022. Los números oficiales dados a conocer por las autoridades del distrito son similares a los de Greenpeace y superan las 25 000 hectáreas de pérdida de bosque, si se tienen en cuenta los emprendimientos silvopastoriles y los desmontes parciales para la explotación ganadera. Un detalle agrava la situación y es que desde noviembre de 2020 una medida cautelar prohíbe la tala de árboles en esa provincia.
“Las autoridades locales, en lugar de asumir que se trata de un problema que deben frenar o mejorar, culpan al fallo judicial de la deforestación ilegal”, señala Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace. En efecto, Luciano Olivares, subsecretario de Desarrollo Forestal de la provincia, responde ante la consulta de Mongabay Latam que “se percibe un incremento de los índices de pérdida de bosques a partir del segundo semestre de 2021, cuando las medidas judiciales interrumpieron la tramitación de permisos de cambio de uso de suelo”. El argumento es contestado por Ricardo Tiddi, físico, técnico en cartografía digital e integrante de la organización Somos Monte: “El gobierno decía tener controlados los desmontes ilegales que ya existían antes de la sentencia cautelar, entonces no se entiende por qué no puede controlar los actuales”, indica.
Soneira, quien hasta hace pocos meses ocupó el cargo de subsecretaria de Ambiente y Diversidad en el gobierno de la provincia, apunta directamente a los encargados de evitar la continuidad del trabajo de las grandes maquinarias que talan el bosque. “Chaco cuenta con vehículos, técnicos, oficinas y un sistema de alerta temprana. Si la fiscalización no funciona es porque el ministerio de Producción no está haciendo bien su tarea”, opina.
Olivares, por su parte, justifica la labor institucional. “La recaudación por la aplicación de sanciones en el período de enero a mayo de 2023 registró 564 millones de pesos [alrededor de 1,5 millones de dólares]. Esto es un 268 % mayor al promedio de los últimos diez años y alcanza, en solo cinco meses, a la recaudación total de 2022”. Sin embargo, el informe 2022 del Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) del Ministerio de Ambiente destaca que, en ese lapso, “no se obtuvo información sobre las sanciones o acciones que tuvieron las provincias en aquellas situaciones no autorizadas” y que Chaco lideró la cantidad de alertas en el país con 2 905 en el año.
Para leer el informe completo, el siguiente link: El Chaco argentino perdió más de 50 000 hectáreas de bosque en el primer semestre de 2023 (mongabay.com)
